Bogotá D.C., 26 de junio de 2025. Grupo Bicentenario, la Superintendencia de la Economía Solidaria y la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) han venido trabajando en diferentes frentes para consolidar la política de gobierno de financiamiento para la economía popular, reconociendo que sus actores tienen el potencial de contribuir a la superación de la pobreza, irrigar recursos que fomenten el emprendimiento, el desarrollo de proyectos productivos de baja escala y la reactivación de la economía, especialmente para los segmentos poblacionales menos favorecidos y tradicionalmente desatendidos.
Mónica Higuera, directora de la URF, resalta que desde 2022, con la publicación de la Hoja de ruta para el sector de ahorro y crédito de la economía solidaria, la Unidad ha venido desarrollando acciones regulatorias para el fortalecimiento del sector, a través de la modernización de su estructura y de su marco regulatorio prudencial, la consolidación de su red de seguridad financiera y en su reconocimiento como vehículo de inclusión financiera y crediticia.
Para este último aspecto, en años recientes la URF trabajó en una iniciativa regulatoria que dio lugar a la expedición de los Decretos 626 y 627 de 2023, con los que se fijaron condiciones para la asociación de Mipymes a cooperativas financieras (vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia) y a cooperativas de ahorro y crédito (vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria). Con esta norma se completó la regulación que habilita a estas cooperativas a vincular Mipymes como parte de su base social y dirigir a las empresas recursos de financiamiento para sus actividades productivas.
Mónica Higuera informa, además, que presentó recientemente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Presidencia de la República una propuesta normativa orientada a regular los sistemas de pago de bajo valor de las cooperativas de ahorro y crédito. Esta iniciativa tiene como propósito fomentar el desarrollo del ecosistema de pagos dentro de un marco que promueva la innovación, la competencia y la seguridad para dichas cooperativas. Asimismo, busca impulsar su desarrollo transaccional y asegurar la armonización regulatoria entre las órdenes de pago y las transferencias inmediatas, tanto interentidad como intraentidad. Este proyecto normativo se encuentra actualmente en trámite, pendiente de expedición por parte del Gobierno nacional.
María José Navarro, Superintendenta de la Economía Solidaria, presenta un balance de los logros obtenidos en el marco del “Pacto por la Democratización
del Crédito” que fue lanzado en octubre de 2024. Desde entonces, se han logrado desembolsar 60.577 crédito que suman un total de $802 mil millones; lo cual representa un incremento del 34% en los saldos de crédito popular y productivo, un apoyo significativo para las economías emergentes del país. El 63% de estas operaciones se han dirigido a personas de los estratos 1 y 2, y el 22% a personas del estrato 3, consolidando un impacto estratégico en las economías populares.
Afirma también la Superintendenta, que existen retos para lograr una mayor distribución regional. El 78% de los desembolsos se han concentrado en la región Andina, lo que impulsa a redoblar esfuerzos para llevar recursos a otras regiones del país y asegurar una mayor democratización del crédito. Adicionalmente, se ha acercado la oferta de fondeo de crédito de las entidades de redescuento a las cooperativas. En este esfuerzo, la Superintendencia de la Economía Solidaria ha construido sinergias con la banca de segundo piso, el Ministerio de Vivienda, el Departamento Nacional de Planeación y el Fondo Nacional de Garantías, que buscan superar las barreras metodológicas y normativas que históricamente han limitado el acceso a financiación para estas entidades.
Un paso fundamental en este frente fue la Primera Rueda Solidaria, realizada el pasado mes de mayo en Neiva. Este evento constituyó la mayor oferta institucional jamás adelantada para las cooperativas del sur del país, llevando directamente a ministerios, al Grupo Bicentenario con sus bancas de segundo piso y a toda la institucionalidad a favor de facilitar las dinámicas de fondeo.
Con esta estrategia, la Superintendencia de la Economía Solidaria se une con otras entidades del Gobierno nacional para crear canales de acceso al crédito asociativo y productivo, propiciando iniciativas que rompan barreras y que más personas puedan beneficiarse del modelo solidario, para mejorar su calidad de vida.
El Fondo Nacional de Garantías -FNG, empresa del Grupo Bicentenario, se suma al desarrollo de esta política de Gobierno. Su presidente(e), Piedad Muñoz Rojas, destaca que la entidad durante el presente período de gobierno ha establecido vínculos con 260 intermediarios financieros, de diversa naturaleza jurídica y nivel de vigilancia, principalmente organizaciones de economía solidaria, e integrando el mundo Fintech en su estrategia. Con estas alianzas se busca facilitar el acceso a fuentes de financiación formales para las actividades de la economía popular. El FNG ha otorgado 1.619.745 garantías dirigidas a economía popular, entre el 7 de agosto de 2022 y el 19 de junio de 2025, por un valor de $5,17 billones. Con un enfoque de género del FNG, el 56% de sus garantías están dirigidas hacia mujeres emprendedoras.
El FNG brinda cobertura a diversos sectores económicos, destacándose el sector comercio como el principal. Al profundizar, sobresalen actividades con un enfoque de inclusión, como el comercio al por menor en establecimientos no especializados —comúnmente conocidos como tenderos, las peluquerías y servicios de belleza a pequeña escala, el comercio de prendas de vestir y los restaurantes.
Señala también, el FNG, que el 34 % de las garantías otorgadas se concentran en municipios de categoría 6, definidos por tener menos de 10.000 habitantes, bajos niveles de ingresos corrientes de libre destinación, limitada capacidad administrativa y una alta dependencia de las transferencias del Estado. Estos territorios exhiben deficiencias en infraestructura, acceso limitado a servicios básicos y oportunidades económicas, lo que subraya la necesidad de orientar esfuerzos financieros hacia la promoción de la inclusión territorial y el desarrollo regional equitativo. Esta estrategia de descentralización de la oferta le ha permitido al Gobierno nacional estar presente con créditos garantizados en el 100% de municipios PDET y ZOMAC y 99,2% del total de municipios del país.
Por su parte, el Banco Agrario, durante la actual administración, ha vinculado cerca de 950 mil nuevos clientes, de los cuales 149 mil lo hicieron por primera vez al sistema financiero. El presidente del Banco, Hernando Chica Zuccardi, informa que instrumentos como la billetera digital BICO, que ya cuenta con más de 327 mil usuarios —en su mayoría mujeres jóvenes— y la Cuenta de Ahorro Digital, han sido clave para acercar los servicios bancarios a poblaciones tradicionalmente excluidas, con especial énfasis en zonas rurales y segmentos vulnerables. Este esfuerzo ha sido reconocido con premios nacionales e internacionales por su impacto social y su liderazgo en inclusión digital.
El Banco ha desembolsado más de $1,7 billones en créditos dirigidos a más de 413 mil colombianos que pertenecen al sector de la economía popular, promoviendo el emprendimiento y el fortalecimiento de micronegocios en todo el país. También ha fortalecido la oferta de productos como las líneas CREO y las líneas con tasa compensada, y se han firmado 105 convenios con entidades territoriales y aliados. “Este enfoque territorial ha sido esencial para que el Banco se consolide como el principal promotor del desarrollo económico local”, señaló Hernando Chica, presidente del Banco Agrario.
En las líneas de asociatividad, el Banco ha colocado créditos por más de $169 mil millones a asociaciones de productores rurales, promoviendo la
organización y el acceso colectivo a recursos. Paralelamente, se han desembolsado más de $10,5 billones a pequeños productores, muchos de ellos vinculados a procesos de microcrédito, facilitando el acceso a recursos con tiempos reducidos gracias a herramientas digitales como la radicación electrónica con biometría. “Estos avances reflejan un modelo de banca con alma, comprometida con el desarrollo equitativo, la dignidad del campo colombiano y el cumplimiento del actual Plan Nacional de Desarrollo”, concluye Hernando Chica, presidente del Banco Agrario.
Por otro lado, desde agosto de 2022, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) ha atendido 815 mil beneficiarios, de los cuales 762 mil fueron pequeños productores y 338 mil nuevos beneficiarios. En la gestión del gobierno actual, los pequeños productores tienen la mayor relevancia y son los protagonistas de la inclusión financiera: 94% de los nuevos corresponden a pequeños productores. A través del FAG, administrado por Finagro, se ha movilizado crédito por $16,3 billones, por medio de la expedición de 846.414 garantías agropecuarias. Lo anterior, representa un crecimiento de 53% en el valor movilizado, y 17% en el número de garantías desde el 2022. El 65% del crédito movilizado por el FAG equivalente a $10,6 billones y el 94% de las garantías expedidas, lo cual asciende a 796 mil garantías, fueron dirigidas a unidades productivas de baja escala del sector agropecuario.
En suma, menciona el presidente del Grupo Bicentenario, César Sánchez, que desde el conglomerado financiero se ha avanzado en el fortalecimiento de la inclusión financiera y en el desarrollo de mecanismos de financiamiento para la economía popular y el sector productivo del país. Gracias al trabajo articulado de las empresas del Grupo Bicentenario, se ha logrado acercar el crédito formal a miles de colombianos que históricamente han estado por fuera del sistema financiero, priorizando a los microempresarios, los emprendedores, las mujeres, las comunidades rurales y los territorios más apartados.
Este esfuerzo se refleja en las garantías otorgadas por el FNG, orientadas principalmente a las unidades productivas de baja escala, así como en la histórica vinculación de cerca de 950 mil nuevos clientes al Banco Agrario. A través de herramientas digitales como BICO, la Cuenta de Ahorro Digital, y la expansión de las líneas de crédito con tasa compensada a través de entidades como Findeter, Finagro y Bancóldex, se ha consolidado una oferta integral que permite dinamizar las economías locales y promover la asociatividad, la productividad y el impulso a la generación de ingresos sostenibles.
Las entidades de Grupo Bicentenario, la Superintendencia de la Economía Solidaria y la Unidad de Regulación Financiera, seguirán trabajando en
habilitar y generar canales sólidos y sostenibles de financiamiento a la economía popular y solidaria.
